Licencias de entrenador bajo cuestionamiento: exfutbolistas brasileños aparecen vinculados a un caso en Argentina

Una investigación periodística señala la entrega de certificados atribuidos a la ATFA sin completar la formación correspondiente; la entidad niega su validez

Una investigación periodística publicada por UOL y realizada por la periodista Joanna de Assis reveló que varios exfutbolistas brasileños recibieron o negociaron licencias de entrenador a través del argentino Alejandro Mancuso, exjugador de Flamengo y Palmeiras. Según la investigación, los documentos se ofrecían por alrededor de R$ 100.000 sin que los interesados completaran el proceso regular de formación.

Entre los nombres mencionados aparecen Thiago Silva, Roberto Carlos, Felipe Melo, Luiz Gustavo, Alex de Souza, Dejan Petkovic, Diego Lugano y Paolo Guerrero. Las situaciones no fueron idénticas: algunos confirmaron haber recibido documentos, mientras que otros describieron diferentes etapas de negociación o cuestionaron posteriormente la validez de las licencias.

La intermediación y las licencias cuestionadas

De acuerdo con la investigación de Joanna de Assis, Mancuso ofrecía certificados de distintos niveles de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), incluida la licencia PRO, mediante un procedimiento que prescindía de parte de la formación habitual. Los documentos eran enviados por correo a los interesados.

La ATFA negó cualquier vínculo institucional con Mancuso y afirmó que no ocupa cargos en la organización ni está autorizado para representarla. La entidad también sostuvo que la documentación entregada por él no es válida.

Entre los testimonios recogidos, el exmediocampista Alex de Souza reconoció haber recibido los documentos y calificó la decisión como un error. Según explicó, había entendido que el procedimiento ofrecido era válido y aseguró que nunca utilizó las licencias.

Felipe Melo, por su parte, declaró que comenzó a desconfiar de la operación cuando no se concretaron las clases presenciales previstas y que solicitó la devolución del dinero, que afirmó haber recuperado.

Mancuso rechazó las acusaciones de haber vendido certificaciones falsas. En declaraciones recogidas por la investigación, sostuvo que su función había sido orientar a personas interesadas en obtener las licencias y facilitar contactos, y afirmó que no tenía intención de perjudicar a los involucrados.

La investigación judicial y la posición de la entidad

El caso también tuvo un antecedente judicial en Argentina. En julio de 2025, la sede de la ATFA fue objeto de una investigación relacionada con posibles irregularidades en la emisión de certificados de entrenador.

Según una información posterior publicada por UOL el 9 de octubre de 2026, el procedimiento fue cerrado en diciembre de 2025 por ausencia de pruebas de delito. La investigación judicial se centró en licencias específicas y en posibles irregularidades dentro de la entidad; el nombre de Mancuso no fue analizado en ese expediente.

Este antecedente debe distinguirse de la investigación periodística, que reunió mensajes, audios y testimonios sobre las negociaciones atribuidas al exfutbolista argentino. El cierre de aquel procedimiento judicial no constituye una validación de los documentos cuestionados ni una conclusión judicial sobre todas las operaciones descritas por la prensa.

La formación como requisito para ejercer

El caso vuelve a poner en discusión los procedimientos de certificación para quienes buscan iniciar una carrera como entrenadores después de retirarse del fútbol profesional.

La experiencia como jugador puede aportar conocimientos técnicos y tácticos, pero las licencias también responden a requisitos de formación y acreditación. Su validez depende de las instituciones responsables y de las normas aplicables en cada país o competición.

En un contexto en el que numerosos exfutbolistas buscan continuar vinculados al deporte desde los banquillos, la verificación de credenciales y el cumplimiento de los procesos formativos son aspectos relevantes para clubes y asociaciones.

Más allá de los nombres involucrados, el caso plantea preguntas sobre los mecanismos de control de las certificaciones y la necesidad de comprobar la autenticidad de los documentos antes de utilizarlos en el ámbito profesional.